Fernando “Lechuga” Pérez Algaba (41) fue asesinado hace casi dos años. Tres de los principales acusados pidieron ser juzgados por un jurado popular que deberá decidir si son culpables o no de homicidio agravado por premeditación, alevosía, codicia y uso de arma de fuego. Además de encubrimiento. La pena en expectativa no es otra que perpetua.
Los juicios por jurados cumplieron 10 años en la Provincia de Buenos Aires el mes pasado. Ya se celebraron casi 800 de los cuales apenas 69 fueron en Lomas de Zamora, donde se realizará este debate.
El porcentaje de culpabilidad en los veredictos es del 59 por ciento, es decir que 6 de cada 10 casos terminan con un condenado considerado culpable. Ese número lo convierte en un recurso muy utilizado para casos de gatillo fácil o de exceso en legítima defensa, pero también como alternativa para ganar tiempo ante condenas que podrían parecer más obvias ante un tribunal técnico.
En el caso de Pérez Algaba el grado de participación de cada uno de los acusados deberá dirimirse en el juicio porque no está clara y porque hay acusaciones cruzadas entre los imputados. Además, la prueba acumulada en la investigación se dio a través de (muchos) indicios, por lo cual la alternativa parece buscar el beneficio de la duda entre los imputados. La experiencia de estos procesos indica que los jurados tienen a ser mucho más exigentes a la hora de valorar las pruebas, buscando elementos que puedan ser más contundentes que los indicios.
En esta instancia parece clave lo que pueda ocurrir antes del debate.
¿Por qué? Maximiliano Pilepich (45) y Nahuel Vargas (43) son los principales acusados. En sus declaraciones indagatorias los dos se ubicaron en la escena del crimen, un predio donde se construiría el barrio privado “Renacer”, en General Rodríguez.
De acuerdo a la acusación fiscal, entre la tarde del 18 y la madrugada del 19 de julio de 2023, los tres se encontraron para dirimir el pago de una deuda de –según quién lo diga– entre 50 y 150 mil dólares, además de cuatro departamentos.
En ese contexto y, según coinciden ambos imputados, mientras Pérez Algaba cambiaba una lamparita del techo Pilepich o Vargas le dispararon dos veces por la espalda. Los relatos se bifurcan porque ambos se acusan mutuamente y, como en esa habitación solo estaban ellos y la víctima, es difícil probar quién ejecutó los disparos, algo que podría modificar el monto de la condena.
Lo que pasó con Pérez Algaba fue macabro: los dos acusados habrían mandado a derribar la oficina donde ocurrió el crimen y, junto al resto de los imputados, coordinaron el traslado del cuerpo, su posterior descuartizamiento y la desaparición del cadáver.
Los restos de Pérez Algaba fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en distintos tramos del cauce del Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora.
Pilepich, Vargas y Matías Gil (28), este último acusado de ser la pieza clave en el entramado de encubrimiento y descuartizamiento del cuerpo, son los que más cerca están de llegar a juicio.
Este martes se realizó la tercera audiencia preliminar para un proceso que pretenden realizar entre octubre y noviembre, algo que parece más un deseo que una realidad.
Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños están a cargo de la representación de Rodolfo Pérez Algaba, el hermano de Fernando. En diálogo con Clarín Queijeiro aseguró: “El tribunal y la fiscal, que ha hecho un muy buen trabajo, tienen la intención de que el juicio se realice antes de fin de año. Por cómo viene el tema, por nuestra experiencia, creemos que no se podrá concretar, pero ellos sí. Nosotros quisiéramos, pero entendemos que la estrategia de las defensas es dilatar el proceso”.
Rodolfo Pérez Algaba no se pierde una sola audiencia y asegura no saber de “dónde saca fuerzas” para seguir adelante. Lo mueve el deseo de justicia y la búsqueda de la verdad, asegura.
Mauro Da Silva es el abogado defensor de Nahuel Vargas y en diálogo con Clarín confirmó que su defendido se encuentra internado en el Hospital San Martín de La Plata en “observación” producto de un “cáncer de estómago” que lo afecta desde su detención. No es la primera vez que Vargas pide la prisión domiciliaria alegando este cuadro de salud, algo que lo había afectado 10 años antes del crimen.
Si bien en todas las oportunidades el pedido había sido denegado, de acuerdo a su abogado ha empeorado su salud por lo que la situación es “dinámica” y puede cambiar en cualquier momento.
¿Por qué es importante? Vargas podría no estar en condiciones de llegar a juicio si el proceso se demora o si su estado de salud se agrava, algo que parecen buscar las defensas con cuestionamientos sobre la prueba (pidieron que no se mostraran las imágenes del cuerpo a los jurados) o sobre por qué la causa se radicó en Lomas de Zamora y no en el Departamento Judicial de Moreno, donde ocurrió el hecho, algo que ya había sido resuelto en varias instancias preliminares de la investigación.
Rodolfo Pérez Algaba, hermano de Fernando, asesinado y descuartizado.¿A quién le conviene que el proceso se dilate? A Vargas porque podría conseguir la prisión domiciliaria para continuar su tratamiento. O a Pilepich porque si su cuadro se vuelve terminal podría cargarlo con toda la culpa y conseguir una pena menor. O al resto de los detenidos que aún no fueron juzgados y podrían superar el tiempo estipulado para las prisiones preventivas y conseguir la libertad hasta que se realice el juicio.
Limpiar la lista de testigos parece otro de los ejes de esta etapa: en la causa hay una lista de 190 testigos, algo insólito para un proceso de este tipo.
El caso
Fernando Pérez Algaba (41) se dedicaba al negocio de las criptomonedas, a la reventa de autos de alta gama y al negocio inmobiliario. Luego de varios cuestionamientos y de que varios negocios salieran mal, se fue a Estados Unidos y después a España. En julio de 2023 había regresado con la intención de cobrar una deuda que Pilepich tenía con él y de recuperar cuatro departamentos que Vargas “le debía”.
Un día antes del crimen, Pérez Algaba se encontró con Vargas y Pilepich en una escribanía muy conocida en la zona oeste del Gran Buenos Aires para firmar una deuda por 150 mil dólares. Al día siguiente, “Lechuga” debía encontrarse con sus ex socios en el predio de “Renacer” para liquidar las deudas y terminar con los negocios fallidos.
Fernando Pérez Algaba (41) fue asesinado de dos balazos por la espalda y descuartizado.En ese contexto se produjo el crimen el 18 de julio de 2023. Mientras se inició una causa por averiguación de paradero, luego de que Pérez Algaba no regresara al Airbnb que había alquilado, encontraron restos de un cuerpo en Lomas de Zamora.
Por los tatuajes y otras señales, se supo que se trataba de Pérez Algaba. El 22 de julio unos chicos que jugaban a la pelota encontraron algunos miembros y, lugo de varios rastrillajes, hallaron el resto del cuerpo el 23 y el 24 de julio.
La autopsia reveló que la muerte se produjo por dos disparos en la espalda que le causaron un paro cardiorrespiratorio traumático, y que su cuerpo fue desmembrado con elementos filosos y contundentes.
La investigación se centró rápidamente en el entorno de Pérez Algaba y en sus negocios.
¿Quién es quién?
Nahuel Vargas, ex amigo y ex socio de Fernando Pérez Algaba, detenido este jueves.Nahuel Sebastian Vargas (45): Está acusado de homicidio cuadruplemente calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, codicia y uso de arma de fuego y falso testimonio.
Estuvo con Fernando Pérez Algaba y Maximiliano Pilepich antes de la desaparición. Declaró que Pilepich disparó contra Pérez Algaba, que Córdoba ayudó a remover el cuerpo y que Contreras descuartizó a Fernando. Será juzgado por un jurado popular.
Maximiliano Pilepich, detenido por el crimen de Fernando Pérez Algaba.Maximiliano Ezequiel Pilepich (46): Acusado de homicidio cuadruplemente calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, codicia, uso de arma de fuego y falso testimonio.
Era socio de Fernando Pérez Algaba y le debía dinero. Se reunió con la víctima en el predio “Renacer” antes de su desaparición. Firmó un reconocimiento de deuda a favor de la víctima. El predio “Renacer” era de su propiedad, aunque figuraba a nombre de otros. Pidió un juicio por jurados.
Matías Ezequiel Gil, detenido por el crimen de Fernando Pérez Algaba.Matias Ezequiel Gil (30): Cayó por las pericias telefónicas que lo ubican junto o en diálogo con Pilepich y con la víctima Vargas lo menciona como una de las personas a cuyo nombre estaba el predio “Renacer”.
Se sospecha que colaboró con la logística para trasladar el cuerpo junto con Fernando Gastón Carrizo. También irá a juicio por jurados.
Horacio Mariano Córdoba (48), el comisario de la Policía de la Ciudad detenido por el crimen de Fernando Pérez Algaba (41).Horacio Mariano Cordoba (50): Era comisario de la policía de la Ciudad. Se sospecha que asesoró a Pilepich para encubrir el crimen.
Le dio un teléfono oficial para coordinar el encubrimiento. Está acusado como coautor del crimen y por encubrimiento agravado. Será juzgado por un tribunal técnico.
Luis Alberto Contreras, uno de los detenidos por el crimen de Fernando Pérez Algaba. Es el hermano de la primera detenida, Nicol Chamorro, y quien la acusó de haber participado del crimen.Luis Alberto Contreras (39): Su DNI fue encontrado en la valija donde se hallaron partes del cuerpo. Vargas declaró que Contreras fue quien descuartizó a la víctima en su casa. Se encontraron manchas de sangre en su auto.
Está acusado como coautor del crimen y por encubrimiento agravado. Será juzgado por un tribunal técnico.
Fernando Gastón Carrizo, uno de los detenidos por el crimen de Fernando Pérez Algaba.Fernando Gastón Martín Carrizo (34): Es conocido como parte de la fuerza de choque de un sector de la feria de La Salada.
Se lo acusa de colaborar con la logística para trasladar el cuerpo junto con Matías Gil. Está acusado como coautor del crimen y por encubrimiento agravado. Será juzgado por un tribunal técnico.
Flavia Lorena Bomrad, gestora y una de las mejores amigas de Fernando Pérez Algaba. La detuvieron porque encontraron pelos y rastros de sangre en su camioneta.Flavia Lorena Bomrad (38): Era la gestora de Fernando Pérez Algaba, además de su amiga. Mantuvo comunicación con la víctima antes de su encuentro con Pilepich y Vargas. Se cree que sabía de la emboscada y lo alentó a acudir al encuentro en el que finalmente terminaría asesinado. Está acusada de coautora del crimen y por encubrimiento agravado. Será juzgada por un tribunal técnico.
Blanca Gladys Cristaldo (58): trabajaba vendiendo propiedades en el emprendimiento “Renacer” y tenía una relación con Maximiliano Pilepich. Está imputada por encubrimiento agravado por haber ayudado a Pilepich a ocultarse de la justicia después del crimen. Está acusada por encubrimiento agravado. Será juzgada por un tribunal técnico.