Marcos Herrero, un expolicía rionegrino que se presentaba como adiestrador canino, fue condenado este martes a 7 años de prisión por adulterar pruebas en la investigación por la desaparición y muerte del joven Facundo Astudillo Castro en abril de 2020, en la localidad de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires.
Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca a través del juez Ernesto Sebastián, quien consideró a Herrera penalmente responsable del delito de falso testimonio reiterado agravado, por haber sido cometido en una causa criminal contra los inculpados.
El fiscal del juicio, Gabriel González da Silva, había solicitado 8 años y 6 meses de prisión para el imputado.
Según lo informado por la fiscalía, la lectura de los fundamentos de la sentencia se llevará a cabo el próximo martes, a las 13.30.
Además, a Herrero se le unificó la sentencia con otra que se le había dictado en Mendoza, donde fue condenado a 8 meses en forma condicional, por lo que quedó en libertad. La causa había sido encubrimiento simple.
Herrero escuchó la sentencia vía zoom desde su vivienda donde cumple prisión domiciliaria por la otra causa y donde además deberá esperar el avance de investigaciones por su participación también fraudulenta en casos por desaparición de personas en Catamarca y Santa Cruz, donde al parecer con el mismo accionar llevaba sus perros para que encontraran restos de los buscados.
Con el juicio ya cerrado en la etapa de alegatos, Marcos Herrero expresó sus últimas palabras antes que se lea la sentencia y aseguró no ser un “improvisado”.
“No soy un improvisado, me fui capacitando”, dijo además de detallar su recorrido por la Policía de Río Negro y otras instituciones.
Según reconstruyó el diario La Nueva, insistió en que intentó “ser profesional, con errores y aciertos”.
En abril de 2020, en medio del aislamiento social obligatorio decretado a raíz de la pandemia, Facundo Astudillo Castro salió de su casa de Pedro Luro el 30 abril de 2020 hacia Bahía Blanca para encontrarse con su novia. Nunca llegó.
El joven había sido detenido por policías de la Bonaerense que le labraron un acta por incumplir con el aislamiento por la pandemia de Covid-19.
El 15 de agosto un pescador llamó a la policía y les advirtió sobre el hallazgo de lo que parecía un esqueleto humano completo y disecado en la zona conocida como Cabeza de Buey, en Bahía Blanca. Ese sector había sido rastrillado por las fuerzas de seguridad 48 horas antes sin que encontraran rastros del cuerpo.
La jueza federal María Gabriela Marron confirmó tras el cotejo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que los restos pertenecían a Facundo.
Luciano Peretto, por entonces abogado de la familia de la víctima, había anticipado que se trataba de un caso de “desaparición forzada”.