Desde el Gobierno de Santa Fe y fabricantes de maquinaria agrícola de Córdoba expresaron sus reparos en contra del decreto de la Casa Rosada 273/25 que permite la importación de maquinaria agrícola usada. “No podemos validar la de destrucción en las capacidades productivas de agregado de valor, lo que tenemos que resolver son las asimetrías con el resto del mundo”, sostuvo el ministro de la Producción santafesino, Gustavo Puccini. “La medida generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país”, se señaló desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT).
“La apertura de importaciones para bienes de capital usado (maquinaria agrícola, alimenticios y otros rubros) puede transformarse en un riesgo permanente para los clusters productivos asentados hace décadas en el país y principalmente en la provincia de Santa Fe”, expresó Puccini en su cuenta de X. “Todos coincidimos en que hay que construir una Argentina menos burocrática, más competitiva, con oportunidades para que los productores trabajen de la mejor manera posible y saquen la mayor rentabilidad de su tierra. Pero en ese camino tenemos que cuidar lo que llevó décadas construir y acompañarlos en la reconversión, equilibrando la balanza y que los beneficios de la motosierra alcancen también a los que producen maquinaria”, agregó.
Para cerrar, no dudó en indicar que “la incorporación de maquinaria usada no solo atenta contra la modernización del parque local sino que además ralentiza el desarrollo productivo local y favorece a los países exportadores que logran desprenderse de equipos obsoletos, vendiéndolos como si fueran bienes competitivos. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo del decreto 273/2025, con algunas modificaciones para acompañar a los fabricantes nacionales y tomar medidas que les garanticen competitividad frente al ingreso de usados”.
Desde la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), también salieron al cruce del decreto que celebré secretario de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger. “La eliminación del certificado de importación de Bienes Usados (CIBU) -que prevé el decreto en cuestión- en vez de suponer una mejora de funcionamiento del mercado, supone un riesgo por una competencia desleal a un sector que sufre las altas distorsiones estructurales locales y que representa a la vez, la cadena valor que le da soporte tecnológico y de servicio al productor argentino y con alto potencial exportador”, afirmó la entidad.
En una entrevista, su presidente, Gustavo Piccioni, fue consultado sobre qué se pone en juego en este riesgo que plantean AFAMAC. “El primer eslabón de la cadena son las maquinarias de fabricantes y, por detrás todos, los proveedores. La maquinaria agrícola en Argentina tiene cinco o seis generaciones, hay un know how adquirido. Esto es por etapa: primero lo sentirán las terminales y luego los fabricantes de agropartes. Estimamos que de manera directa, el sector les da empleo a unas 40.000 personas, pero si lo traducimos a toda la cadena de valor creemos que superan los 100.000. Además, es una industria que se desarrolla en el interior del interior. El 95% se encuentra ubicado en el interior provincial y ahí se va a sentir, por eso pregonamos por una inserción inteligente al mundo”.
“Entendemos que los precios que se quieren estabilizar y provocar una disminución artificialmente alto en nuestro mercado, no es por falta de competencia y transparencia en el mercado (1.200 empresas), sino más bien por la falta de avance de las reformas estructurales pendientes”, cerró la entidad en su comunicado.
Por otro lado, también la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT), que cuenta con 12 plantas distribuidas entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con una red de más de 500 puntos de venta y asistencia técnica, y una generación directa de 16.700 puestos de trabajo, emitió una advertencia sobre la decisión del Gobierno. “Esta apertura introduce una clara asimetría entre los fabricantes locales y los productos usados que ingresan desde economías con menores costos fiscales, laborales y de financiamiento. A esto se suma la ausencia de garantía, trazabilidad y controles técnicos sobre los equipos usados que podrían ingresar bajo el nuevo régimen”, expresó.
Las empresas nucleadas en AFAT aseguran haber invertido miles de millones de dólares durante más de cinco décadas en el desarrollo y fabricación local de maquinaria de última generación. “El ingreso masivo de maquinaria usada representa mercadería de descarte ya amortizada, lo que hace que sus precios sean irrisorios y no puedan ser compensados por ningún arancel. Eso afecta tanto al mercado de maquinaria usada local como a la venta de equipos nuevos”, se explicó.
Negociaciones
El gobierno de Javier Milei anunció el pasado 13 de abril la simplificación del proceso de importación de bienes de capital usados. A partir del decreto que se cuestiona, no será más necesario tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país. La medida fue anunciada minutos después de la reunión entre el presidente Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y se trata de uno de los puntos centrales en la negociación por los aranceles.