Los magistrados de Reconquista y de Venado Tuerto hicieron lugar a reclamos presentados por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales 8, 11, 33 y 7, de gran uso para la actividad productiva. Uno de los fallos establece que Nación deberá acreditar el inicio de los trabajos en el plazo fijado y podría enfrentar sanciones en caso de incumplimiento.
Con dos semanas de diferencia, los jueces federales de Santa Fe, Aldo Alurralde, de Reconquista, y Aurelio Cuello Murúa, de Venado Tuerto, hicieron lugar a reclamos presentados y le ordenaron a la Dirección Vialidad Nacional (DNV) a que repare las rutas nacionales 7, 8, 11 y 33, arterias claves para el transporte de cargas y de pasajeros. Las decisiones de los magistrados se producen en un contexto de retiro del Estado nacional de las obras públicas que implica también la reducción de personal de la DNV.
Alurralde hizo lugar a un recurso de amparo originado por el diputado provincial radical Dionisio Scarpin, por el estado de cuasi abandono de la RN 11, sobre todo, en el ramo entre las ciudades de Vera y Reconquista. El magistrado impuso a Vialidad la “obligación de reparar por sí o por terceros la RN 11 en el tramo indicado” que se corresponde con los límites de los departamentos Vera, San Javier y General Obligado y que identifican el kilómetro 665 -en el extremo sur- y el 931 -en el extremo norte- que se corresponde con el Paralelo 28 sur”. “El organismo deberá verificar y controlar bajo su propia cuenta y riesgo el óptimo estado del tramo de la carretera aludida con el fin de garantizar la vida y la seguridad de los demás usuarios de la misma”, agregó.
En el fallo, aunque se rechazó el pedido de reconstrucción total de la ruta, en los departamentos San Justo, Vera y General Obligado, se reconoció que las obras en marcha son “urgentes e impostergables”, según la documentación presentada por la propia Vialidad Nacional, que desde 2022 admite el avanzado deterioro de la calzada y la necesidad de una intervención inmediata. De acuerdo a Alurralde, “la obra deberá completarse antes de abril de 2025”. El juez también consideró que en los últimos meses ya se registraron alrededor de 20 accidentes graves, con muertos y heridos, y que el mal estado de la ruta ocasiona serios inconvenientes para el traslado de la producción agropecuaria de una extensa zona y complica el traslado de mercadería al resto de las provincias del Litoral.
Su par, Cuello Murúa, de Venado Tuerto, hizo lugar en el cierre de marzo a la medida cautelar presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, del espacio del gobernador Maximiliano Pullaro. El fallo obliga a la DNV a iniciar tareas de señalización, desvíos y bacheo en un plazo no mayor a 10 días. La medida cautelar tiene una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga para garantizar el cumplimiento de las obras en las rutas nacionales 8, 33 y 7. Los trayectos más afectados son: RN 8 (entre las rutas provinciales 94 y 4S, entre Venado Tuerto y Santa Isabel, entre los Km 370 y 346), RN 33 (entre Sancti Spiritu y Firmat) y RN 7 (en todo su trayecto en la zona).
Tras conocer el fallo, la senadora provincial Di Gregorio agradeció a la Justicia Federal por la celeridad y por pensar en los santafesinos. “Es una medida humanitaria porque son derechos constitucionales los que están en juego”, dijo la legisladora en una conferencia de prensa. Argumentó que el estado de estas rutas constituye un “peligro para la vida y la seguridad de quienes transitan por ellas” y que la Vialidad Nacional incurrió en una “reiterada y sistemática omisión” en el cumplimiento de sus deberes de mantenimiento.
Reclamo desde La Pampa
La semana pasada, en el Congreso de la Nación se reunió la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, encuentro al que faltaron el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, y el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, que habían sido invitados. En el encuentro, que igual se hizo, el ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, denunció la falta de compromiso de la administración nacional con las provincias. “Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional abandonó las obras públicas y dejó a las provincias a la deriva”, afirmó. Y destacó que, en La Pampa, la gestión del gobernador Sergio Ziliotto tuvo que asumir la finalización de las obras que debían haber sido culminadas por el Gobierno nacional, aunque las rutas nacionales quedaron inconclusas. “Hay 1.479 kilómetros de rutas abandonadas que representan un grave peligro para los ciudadanos”, señaló.
Quien complementó esta descripción fue el Director Provincial de Vialidad pampeano, Santiago Chaer. “Una obra vial es como una casa: si no se mantiene, se deteriora rápidamente. Si no se toman medidas urgentes, más de la mitad de las rutas provinciales se verán perjudicadas en poco tiempo porque son las alternativas a las nacionales”, alertó. En marzo, el gobierno pampeano dio a conocer un informe en donde se señaló que el 42% de las rutas nacionales en esa provincia “están muy cerca de colapsar” por el deterioro que presentan, de acuerdo con un estudio realizado por una consultoría que se focalizó en la seguridad vial porque por esas rutas circula más del 80% del tránsito vehicular provincial.
Desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación, señaló el informe, la inversión en rutas nacionales fue nula y esto produjo su deterioro. En La Pampa, unos 600 kilómetros de corredores nacionales muestran un estado muy preocupante. Las rutas que tienen tramos al borde del colapso son: 5 (entre Santa Rosa y La Gloria); 152; 143; 151; 154; 188 y algunos tramos de la 35.