Los informes socioambientales que pidió la Justicia federal antes de expedirse sobre un pedido de prisión domiciliaria de Bernardino Antonio Benítez (38), uno de los siete procesados por la desaparición de Loan Danilo Peña (5) en Corrientes, trajeron una sorpresa. Es que Macarena Peña (22), quien estuvo en el almuerzo previo a la sustracción del chico y es una de las principales testigos, reveló que está embarazada.
Lejos de tirarle “un centro” a la defensa de la pareja de su madre, Laudelina Peña (46), también presa, para facilitar su salida del penal donde se halla alojado, Macarena sostuvo que pese a que su embarazo es de alto riesgo, está en condiciones de seguir con la tutela y el cuidado de sus dos hermanos menores, un nene de 7 años y una chica de 15.
La defensa de Benítez recurrió a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes en disconformidad con los argumentos que la jueza de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo utilizó a mediados de febrero pasado para negarle una morigeración de su detención.
En síntesis, Benítez pidió cumplir la prisión preventiva en su casa debido a un supuesto mal estado psicológico de los dos hijos menores que tiene con Laudelina.
Para los camaristas Selva Angélica Spessot, Mirta Gladis Sotelo y Ramón Luis González, resulta entendible que Macarena, hija mayor de Laudelina, le dijera a la trabajadora social que la entrevistó que la presencia de Antonio en la casa “favorecería la organización doméstica en tanto el defendido podría quedar a cargo de sus hijos si ella fuera nuevamente convocada a presentarse ante autoridades judiciales de Goya” y que para sus hermanos “sería muy bueno estar de nuevo con su mamá o su papá…”.
No obstante, remarcaron que esto no resulta suficiente para dejarlo salir de la cárcel.
Una trabajadora social de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia de Corrientes (DIPNA) que visitó a Macarena a fines de enero constató que los hermanitos presentaban un buen estado general y habían concluido el ciclo escolar sin adeudar materias pese a la traumática situación por la que atraviesa la familia.

Al expedirse sobre el estado emocional tanto de Macarena como de sus hermanos menores, la profesional sostuvo que encuentran bajo tratamiento psicoterapéutico con sesiones semanales.
Más allá de eso, percibió que “la dinámica familiar, en este periodo, se encuentra organizada, y a los miembros convivientes integrados; así mismo que establecen un vínculo afectivo más cercano, manifestado en una conexión de confianza, afecto y apoyo mutuo”.
El lunes 7 de abril fue la Asesora de Menores del Juzgado Federal de Goya la que se contactó telefónicamente con Macarena para interiorizarse sobre el estado del grupo familiar.

La joven le comunicó que cursaba un “estado de gravidez reciente, confirmado mediante ecografía, y que dicho embarazo sería de riesgo, motivo por el cual, el médico tratante le prescribió reposo y que evite realizar esfuerzos”.
Ante esa situación, fue consultada si podía continuar con el cuidado de sus hermanos menores de edad, y afirmó que sí porque contaba con la colaboración de su pareja.
El sostenimiento económico de los menores proviene de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ya percibía Laudelina, pero también cuentan con el aporte de la Municipalidad de 9 de Julio, que le hace entrega de víveres frescos una vez por semana. Además, DIPNA envía módulos alimentarios cada tres meses.

Los jueces concluyeron que, al estar cubiertas las demandas de los menores y contar con el cuidado de su hermana, no existen razones para otorgarle a Benítez la prisión domiciliaria por razones humanitarias, tal como lo expuso su defensa.
“La eventual prisión domiciliaria del imputado podría facilitar el contacto con terceras personas involucradas, permitiéndole obstaculizar la investigación o darse a la fuga, pues no puede omitirse la circunstancia de que en caso de concedérsele una morigeración de la prisión preventiva, éste estaría en contacto directo con testigos claves de la investigación”, sostuvieron los jueces en su fundamentación.
Es que Macarena y su hermanito menor asistieron al almuerzo en la casa de su abuela el 13 de junio, en El Algarrobal, cuando se produjo la sustracción de Loan.

Además, los jueces recordaron que la Cámara ya analizó un pedido de excarcelación o prisión domiciliaria de Benítez el 26 de diciembre del año pasado, planteo que fue rechazado. En ese sentido, indicaron que “no se observa que las circunstancias referidas a los riesgos procesales hayan cesado o disminuido”.
La semana pasada, estos jueces confirmaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos por la desaparición de Loan, pero se apartaron de la hipótesis que la jueza Pozzer Penzo esgrimió en su resolución del 4 de diciembre.
Para los camaristas, los siete acusados “planificaron con antelación sustraer a un menor de diez años, durante un almuerzo previsto para el 13 de junio de 2024, en el domicilio de Catalina Peña, al que habían sido previamente invitados, a excepción de Maciel”.

“El acuerdo previo consistía en sustraer ‘a un menor’, y no específicamente a Loan, ya que su presencia en el almuerzo fue espontánea y sorpresiva para el resto de los asistentes. En el marco de ese plan, cada imputado tenía asignado un rol específico”, explicaron.
Respecto de los roles, dijeron que “Benítez y Ramírez debían proponer espontáneamente dirigirse al naranjal junto con los menores. Una vez allí, procederían a capturar a uno de ellos y entregarlo, en un camino lindero, a (Carlos Guido) Pérez y (María Victoria) Caillava, quienes serían los encargados de retirarlo del lugar”.
“Por su parte, (Mónica) Millapi, con la colaboración de Laudelina Peña, debía acompañar a los niños hasta el naranjal, donde ya se encontrarían Benítez y Ramírez. Laudelina, a su vez, tenía la misión de iniciar el trayecto junto a Millapi y los menores, pero luego regresar a la casa de su madre, Catalina Peña, donde recibiría la noticia de la presunta ‘desaparición’ y actuaría como nexo entre los captores y quienes debían retirar al niño: Pérez y Caillava”.

En ese sentido, agregaron que “recibido el aviso por parte de Benítez, Laudelina debía comunicar la situación a Pérez y Caillava, quienes abandonarían la reunión familiar con la excusa de regresar a su domicilio para ver el partido “River vs. Deportivo Riestra”, trasladándose en su camioneta Ford Ranger hasta el punto de encuentro preestablecido con Benítez y Ramírez -en las inmediaciones de la escuela abandonada conocida como ‘la tapera’ – para concretar la entrega del menor”.
Indicaron que Laudelina volvió a la casa para recibir el aviso de Antonio e informar a Pérez y Caillava para que se retiraran de la casa con la excusa de ver el partido de River pero, en realidad, “se dirigieron al lugar convenido, donde Benítez les entregó al niño para ser retirado del predio y apartado de la custodia de su padre”.
Más adelante, insistieron que “el objetivo inicial era otro menor, pese a que, a la fecha, la investigación no ha podido determinar qué niño o niña estaba previsto como víctima en el plan, ni con qué finalidad”.
