La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió dar curso a la demanda de La Pampa por el río Atuel y le corrió traslado al Estado Nacional para que en un plazo no mayor a cuatro meses responda por qué no se cumple con el fallo de la Corte Suprema que obliga a Mendoza a garantizar un caudal mínimo.
Este lunes, el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, realizó el anuncio junto a su vice, Alicia Mayoral; el rector de la UNLPam, Oscar Alpa; representantes de la Fundación Chadileuvú y de la Asamblea por los Ríos Pampeanos; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; y el abogado Andrés Gil Domínguez, entre otras autoridades.
La Pampa celebró medida de la CIDH
Desde la provincia denunciaron que el manejo del Atuel aguas arriba, por parte de Mendoza, “generó un proceso de desertificación en La Pampa que lleva ya medio siglo, afectando la actividad agropecuaria y la calidad de vida en general”.
“En consecuencia, La Pampa viene recorriendo un largo camino de reclamos judiciales, que llegaron a la Corte Suprema de la nación. En junio pasado, el máximo tribunal estableció la obligatoriedad para Mendoza de garantizar un caudal mínimo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Pero el fallo lleva casi seis meses de incumplimiento”, recordaron.
Ziliotto reconoció que “este es un nuevo paso que damos como provincia de La Pampa”. “Hoy podemos decir que la Comisión aceptó la presentación que se hizo desde La Pampa y dio traslado al Estado Nacional para que, en un tiempo perentorio, dé respuestas sobre por qué no se está cumpliendo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia”, amplió.
“En junio hicimos una presentación en la Corte Suprema diciendo que agua hay. En estos días, Mendoza anuncia un nuevo reservorio para detener el Atuel. Está justificando que no solo hay agua, sino que sobra agua en Mendoza”, detalló.
El mandatario aseguró que “como pampeanos, vamos a seguir insistiendo, utilizando todas las herramientas que nos da la institucionalidad, para que el Atuel, definitivamente y en forma permanente, escurra por La Pampa. Siempre vamos a defender esta causa, que nos atraviesa a todos, que está internalizada y que tiene que ver con el sentido de pertenencia que los pampeanos tenemos sobre nuestros recursos hídricos. Y a esa lucha no la vamos a abandonar”.
“Un gran paso”
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que patrocina a la provincia demandante, dio precisiones sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La CIDH resolvió entrar en la etapa de análisis de la admisibilidad y le dio traslado al Estado argentino, en un plazo de tres meses, que, si el Estado lo requiere, puede ampliarse a cuatro meses. Una vez que el Estado argentino conteste, la Comisión Interamericana va a analizar y pasar a una etapa de fondo”.
Agregó que “o bien puede, también, pasar directamente a la etapa de fondo y analizar el fondo de la cuestión, que es si el Estado argentino violó o no el derecho humano a la protección integral del ambiente y el derecho humano que establece que, cuando existen sentencias de un Estado que reconoce la violación de un derecho humano y manda a reparar, se deben cumplir”.
Calificó la decisión de la CIDH como “un gran paso porque logramos sortear una primera etapa de un examen exhaustivo y, a partir de este momento, el Estado argentino tiene que demostrar que la actuación de la Corte Suprema de Justicia y la actuación de Mendoza no violan el derecho humano al ambiente, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia y como, permanentemente, La Pampa sigue acreditando, en una violación permanente y sistemática del derecho humano de las pampeanas y los pampeanos para disfrutar del río Atuel”.
“Esta es la novedad, muy importante, y vamos a seguir trabajando en forma conjunta todos quienes articulamos esto, para llegar a buen puerto y lograr que la CIDH emita un informe donde, claramente, se repare y se restablezca una violación que es indiscutible”, completó.