En Catamarca y La Rioja se encendieron las alertas amarillas por la abrupta de la caída de la Coparticipación Federal en los últimos meses, por lo que en ambas provincias se anunciaron fuertes medidas de restricción del gasto público, que van desde la eliminación de ministerios hasta la paralización de la obra pública. En abril, Catamarca recibió $3.500 millones, una caída del 40% con respecto al mismo mes de 2024. “Pondremos en marcha una racionalización pero no se afectarán los salarios”, sostuvo el jefe de Gabinete riojano Juan Luna Corzo, por otro lado.
El gobernador catamarqueño Raúl Jalil hizo los anuncios de ajustes la semana pasada, tras haberse confirmado la fuerte caída de los fondos coparticipables nacionales que desde comienzos de año comenzó a hacerse sentir, según dejó trascender el gobierno. Suspensión del último incremento salarial del 6% para todos los funcionarios del gabinete, la interrupción de los beneficios del programa One Shot Plus para comprar alimentos -en los que el Gobierno cubría parte de los descuentos-, y la reducción de ministerios del gabinete provincial, de 16 a 12; son algunas de las medidas que activó la Casa de Gobierno de Catamarca.
“Hay que ser prudentes, ver la recaudación de abril, si no se pueden hacer casas, vamos a tener que hacer un plan para hacer veredas”, sostuvo Jalil en un breve contacto con la prensa luego de un acto oficial. Y consultado sobre la cuestión salarial para los empleados públicos, señaló: “tenemos cerrado el salario hasta julio, y si no hay una hecatombe están los fondos para que eso se cumpla. Estamos equilibrados pero la provincia no va a aceptar el aumento salarial de ningún poder que exceda las posibilidades de que se pueda pagar”. Confirmó, además, la reducción del número de ministerios. “Durante la gestión del expresidente Alberto Fernández había una política nacional industrial, hoy ya no está. Entonces no tiene sentido tener un Ministerio de Industria donde hay una política de apertura de las importaciones”, dijo.
Para el resto, Educación absorbió Ciencia y Tecnología; Industria, Comercio y Empleo se fusionó con el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos; Gobierno, Justicia y Derechos Humanos se integró con Seguridad; y el Ministerio de Economía sumó a Infraestructura y Obras Civiles. Esto implicará una reducción de partidas y cargos jerárquicos.
Impacto en el interior
Debido a que el recorte de gastos impactará en los municipios, Jalil se reunió el viernes de la semana pasada con 34 de los 31 jefes municipales para interiorizarlos sobre el achique. Las autoridades provinciales sugirieron a los jefes comunales que mantengan administraciones austeras, que se prioricen los recursos disponibles para salud, educación y contención social.
Tras el encuentro, el intendente de Ancasti, el radical Rodolfo Santillán, remarcó que desde la oposición se reconoció la franqueza con la que Jalil expuso la situación. “Se ha perdido un 40% de la coparticipación en comparación, esto genera una alerta importante y nos obliga a todos los intendentes a actuar con responsabilidad y a acompañar las medidas de austeridad que se planteen”, expresó. Anticipó que los próximos días serán claves, ya que se esperan definiciones más concretas en la segunda quincena de abril y se mira con expectativa lo que pueda ocurrir en mayo, en un contexto nacional “incierto y cambiante”. La mayor preocupación de los jefes municipales es que, al menos por ahora, se paralizarán las obras públicas que se encontraban en ejecución.
Motosierra para La Rioja
En los últimos días, el jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna Corzo, expuso en una conferencia de prensa los números de la caída de la coparticipación federal en ese distrito. Según los datos oficiales de marzo de 2025, La Rioja recibió $74.810 millones por este concepto, una merma del 16%, respecto a los $89.500 millones percibidos en enero. Además, detalló que la caída fue del 16% en los fondos coparticipables durante el primer trimestre de este año. Como respuesta inmediata, el funcionario aseguró que la provincia aplicará una “racionalización del gasto”, pero garantizó que no habrá ajustes salariales ni despidos en la administración pública. “La situación es preocupante. Y si la recaudación nacional no mejora, no hay recuperación económica real. Los datos optimistas de Nación no se reflejan en nuestros números”, agregó.
Consultado sobre por dónde pasará el ajuste, detalló que se reducirán costos en actividades simbólicas, promocionales y eventos públicos. “El acto del 20 de mayo será menos colorido y habrá menos agendas turísticas para Semana Santa y Vacaciones de Invierno”, sostuvo Luna. Y en relación a las obras públicas, explicó que la construcción de viviendas con fondos propios, ante el parate de la obra pública nacional y recepción de menos recursos, avanzarán a un ritmo más lento. “No las cancelaremos, pero sí ajustaremos la velocidad”, aclaró. Y insistió en que el ajuste “no pasará por la gente”. “Los salarios y la planta laboral están protegidos. No tocaremos eso”, dijo.
El funcionario atribuyó el 67% de la caída a la baja en la recaudación del IVA, que en marzo dejó un faltante de $53.700 millones a nivel nacional. Además, criticó que los fondos federales no automáticos (como obras y programas sociales) se redujeron un 98,1% en 2024 para La Rioja, pasando de $15.000 millones a solo $280 millones anuales.
En picada
La semana pasada, el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, consignó que las provincias perdieron $15,5 billones en concepto de coparticipación federal desde que Javier Milei asumió la presidencia, en diciembre del 2023. La cifra equivale a casi u$s12 mil millones.
Girard explicó que la recaudación nacional cayó un -8,3% en 2024 y que los recursos que se coparticipan con las provincias cayeron un -12,3%. Asimismo, detalló que los impuestos que la Nación se queda, como el PAIS o los derechos de exportación, bajaron apenas un -1,2%.
Por otro lado, de acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la Coparticipación Federal sufrió una caída del 10% en 2024. Las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $42.133.000 millones, frente a $14.356.000 millones del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 194%, que se traduciría en una caída real del 10% al descontar la inflación del período.