En un acto de fuerte contenido político, la Legislatura de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia firmaron un convenio para la preservación conjunta de parte del predio del exArsenal Miguel de Azcuénaga del Ejército. Allí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar y se halló en 2011 una fosa con restos óseos de un mínimo de 15 personas y proyectiles de armas de fuego. El lugar fue reconocido como Sitio de la Memoria pero carece de mantenimiento, pese a que forma parte de un investigación de la Justicia Federal en proceso pero que está paralizada desde 2016.
El marco simbólico fue que el acto, que se realizó este viernes 22 y en el que estuvo Ámbito, en el acceso al exArsenal. Las actas fueron firmadas por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo; el rector de la UNT Sergio Pagani y el Ministro de Justicia de la provincia, Regino Amado. También acompañaron con sus firmas la vicerrectora Mercedes Leal; el secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo; y el titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Alfredo Quinteros. Entre los presentes estuvieron familiares de detenidos desaparecidos y organizaciones de derechos humanos.
El exArsenal tiene 300 hectáreas y se encuentra al norte de San Miguel de Azcuénaga, sobre la ruta nacional 9, en el municipio de Las Talitas. En 1976, mientras en la zona sur de la base se encontraba la Compañía de Arsenales 5, dependiente de la Quinta Brigada de Infantería de Tucumán, la parte norte era un centro clandestino, en donde fueron mantenidos cautivos miles de tucumanos, además de víctimas secuestradas en Jujuy, Salta, Santiago, Catamarca y La Rioja. Muchos fueron liberados y sus testimonios fueron claves en los juicios por la verdad pero, en otros casos, sus restos fueron identificados en las fosas encontradas allí o en el Pozo de Vargas, en donde se identificaron a 120 detenidos desaparecidos, hasta el momento.
“No nos olvidamos, ni queremos olvidar lo que sucedió aquí porque tenemos que transmitir a las nuevas generaciones lo que vivimos en la dictadura, en donde perdimos todas las libertades. Debemos juntarnos para dar una señal clara que esto sucedió, que no es pasado. Y hacerlo sin odio, el que quieren instalar ahora, porque nada bueno surge del odio, no somos eso, solo buscamos la verdad, la justicia y la equidad”, sostuvo Acevedo. “En estos días no pedimos venganza, siempre memoria, verdad y justicia, para que nunca más muera un argentino por defender la democracia”, cerró.
El rector Pagani destacó la importancia del convenio firmado y resaltó el rol de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el proyecto de preservación de los edificios y los lugares claves del predio. “Expresamos con esto nuestro compromiso con la educación en derechos humanos, especialmente para las generaciones de niños, niñas y adolescentes que no vivieron esta etapa oscura, pero que necesitan conocer la verdad para que nunca más se repitan estos hechos”, afirmó. Mientras que la vicerrectora Leal sostuvo: “Este sitio, que fue escenario del terrorismo de Estado, hoy se resignifica para visibilizar el pasado doloroso y, al mismo tiempo, reivindicar todas las leyes que nuestro país ha sabido construir a partir de ese pasado”.
El convenio tripartito prevé que, con aportes económicos compartidos, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo sea la encargada de los estudios técnicos para la preservación del lugar. Entre las obras planificadas estará la restauración del Galpón 9 y la conservación de las fosas, en donde fueron hallados los restos de víctimas del terrorismo de Estado. Las intervenciones comprenderán la instalación de cubiertas livianas en el galpón, el reemplazo de las ya existentes (deterioradas) en las fosas para mejorar la protección y durabilidad; la construcción de veredas perimetrales para facilitar la circulación y evitar el socavamiento de las fundaciones y la implementación de muros de contención para proteger las estructuras.
“Resultado de luchas en las calles”
Entre los asistentes estuvieron referentes de distintas organizaciones de derechos humanos. Miembros de la Comisión de DDHH de Tafí Viejo y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Pozo del Vargas, colocaron carteles con los rostros de sus familiares y de secuestrados en las puertas del predio, a donde se acercaron las autoridades para conocer sus historias. “Este es el resultado de años de marchas y de reclamos, el Estado no debe desentenderse de las políticas para encontrar la verdad”, señaló Teresa Arias, cuyo padre, Segundo Arias, ferroviario taficeño, fue identificado entre los restos óseos que se extrajeron del Pozo de Vargas. “Ni un paso atrás, esa es nuestra consigna, no podemos estar más satisfechos con esta decisión institucional”, remarcó Mónica Maldonado, familiar del trabajador ferroviario Zoilo Fernández, secuestrado durante el Operativo Independencia.
“Un mensaje claro”
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Ámbito dialogó con el secretario de Derechos Humanos y Justicia, Racedo, quien sostuvo que “es fundamental recordar lo que ocurrió y tener siempre presente que los horrores del terrorismo de Estado y la represión ilegal cometida por la dictadura militar de 1976 no deben repetirse jamás. Es nuestro deber concretar estas obras y colaborar para encontraron los cuerpos de prisioneros asesinados”. También entrevistó este medio al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Gabriel Yedlin, quien destacó la firma del convenio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. “Detrás del horror de la dictadura hubo un intento sistemático de represión y de ruptura de lo comunitario, no solo contra las personas que desaparecieron, sino contra toda la sociedad. Hoy, con la democracia consolidada, debemos seguir defendiendo el derecho a pensar distinto, a expresarnos sin miedo y a recordar para construir un futuro mejor”, afirmó.
Hallazgos claves
En diciembre de 2011, el Equipo Argentino de Antropología Forense con colaboración del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, encontraron en una fosa común los restos de 15 personas (13 identificados, a la fecha), parcialmente quemados, con elementos asociados a proyectiles de armas de fuego, más restos de ropa y calzado. Entre el material había rastros de cubiertas de automóviles derretidas a altas temperaturas.
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En la fosa también se determinó la existencia de marcas de retroexcavadora, posteriores a la quema de los cuerpos, por lo que las investigaciones determinaron que se intentó ocultar el enterramiento con un relleno. Otra señal inequívoca de esta intensión, de acuerdo a los peritajes, es que se advirtieron marcas de oruga similares a tanques de guerra, que por entonces había en el exArsenal.
A partir de 1976 se modificó la estrategia represiva en Tucumán. Fue desmantelado el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita de Famaillá” y las operaciones de trasladaron Galpón 9 del exArsenal. El cambio coincidió con el fin del Operativo Independencia y el inicio de la dictadura cívico militar, que comandaba el exgobernador Antonio Domingo Bussi, primero a cargo del comando de la subzona 32 y, desde el 24 de marzo de 1976, designado interventor militar de la provincia.
El Galpón 9 tenía un perímetro de alambrado olímpico que lo rodeaba y contaba con un mangrullo de vigilancia, salas de torturas en construcciones prefabricadas y un baño en mampostería tradicional, cuyos cimientos fueron encontrados por el Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (LIGIAAT), equipo pericial que investigó en el predio a partir de 2005. Después se hallarían cinco fosas comunes asociadas y de ahí la necesidad de preservación del lugar.